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La propuesta del ministro Gallardón de reformar el Código Penal endureciendo las penas para determinados delitos, entre otros los de índole sexual, permitiendo una extensión de la condena a un máximo de diez años en sentencia, generará una tremenda inseguridad jurídica para quienes sean afectados por ello, y esto es así, porque la aplicación de dicha extensión estará sujeta a un criterio totalmente subjetivo como es el que… “mientras subsista la peligrosidad del penado” cuya determinación quedará al libre arbitrio de quien o quienes valoren dichas circunstancias dotándoles de un enorme poder coercitivo de peligrosa interpretación.
Esta pretendida reforma, no es más que una muestra de la improvisación que ha caracterizado a quienes han ejercido este ministerio durante los últimos años y que ha dado lugar a numerosas modificaciones de nuestro ordenamiento jurídico; la propuesta ministerial en la forma anunciada a los medios nos trasmite la certidumbre de que en materia de justicia estamos en algo así como una gerencia de crisis, pues dependiendo de la gravedad de los hechos recogidos por la prensa, cada vez más amarillista y sensacionalista, se sensibiliza el ministro de turno y anuncia a los cuatro vientos reformas que no obedecen a estudios verdaderamente serios y con base científica; dicho esto, si lo que se quiere es endurecer las penas o sancionar con mayor rigor este tipo de delitos, lo correcto sería modificar la sanción prevista en nuestro ordenamiento sustantivo actual y reprochar las conductas descritas con mayor dureza incrementando la pena que pueda ser impuesta en atención a las circunstancias del delito, pero someter la ampliación del cumplimiento de una pena al libre arbitrio de funcionarios administrativos muchos de ellos con dudosa formación por lo general encargados de valorar en los centros penitenciarios la conducta del penado, es verdaderamente preocupante.
Con esta propuesta de reforma cabe preguntarnos ¿Cómo se le garantiza al penado, que la valoración de su grado de peligrosidad a efectos de la extensión de su condena será del todo imparcial y ajustada a criterios totalmente científicos desprovistos de prejuicios y por personas verdaderamente preparadas para ello? Otra pregunta sería ¿Cómo se regulará el control posterior de los informes penitenciarios y cuál será su valoración y como deberá quedar definida la expresión “grado de peligrosidad” y cual serán sus parámetros de medida? Y también debemos pensar ¿tendrá el penado acceso a la contradicción del informe en sede del juzgado de vigilancia penitenciaria? Estas preguntas y muchas más que nos pudiéremos hacer son importantes ya que estamos hablando ni más ni menos de doblar la pena al condenado y esto, por supuesto, se deberá responder en el anteproyecto de ley que el ejecutivo se dispone pasar al congreso de los diputados para su aprobación en un futuro próximo.

Hasta que el gobierno no logre aliviar las enormes presiones de la Comunidad Europea en materia económica y termine de modelar el plan de ajustes que tiene previsto o más bien “impuesto”, no se preocupará por reformar la ley de Extranjería sin que eso no signifique que no se este atacando como consecuencia de los recortes, el derecho de los extranjeros sin papeles a la asistencia sanitaria. Para los que siguen mi Blog me remito al escrito publicado hoy que recoge mis impresines al respecto; intentare dar respuesta a todos sus comentarios.

Es verdaderamente lamentable que la crisis económica le estalle en la cara a quienes menos responsabilidad tienen en ella; Impedir el acceso a la sanidad a los extranjeros sin papeles, lo que incluye a hombres, mujeres y niños con el argumento de los recortes en el sistema sanitario, es de todo punto de vista despreciable.
No existe un solo argumento que pueda justificar semejante disparate y los razonamientos que nos ofrece el ejecutivo y demás funcionarios públicos como también muchos Alcaldes de varios municipios a nivel nacional pertenecientes a diferentes partidos políticos, son manifestaciones inaceptables que abren la caja de pandora del racismo y la xenofobia.
Leer en la prensa que en ciertos municipios se pretende poner policía en los centros de salud para “evitar problemas con los inmigrantes” que acudan a pedir asistencia sanitaria, es del todo una monstruosidad que solo llena de satisfacción el ego retorcido del que lo pretende implementar pero que de ninguna manera recoge el sentimiento de la mayoría de los Españoles.
No existe justificación económica alguna para negarle a los extranjeros que viven en España sin papeles el derecho al cuidado de su salud y la de sus hijos; ese derecho no es un mero capricho ni una concesión graciosa de la administración, sino que por el contrario, es un derecho con rango constitucional que si el ejecutivo pretende desconocer o reducir, deberá modificar la constitución; pero negar la asistencia sanitaria con justificaciones tan pueriles, fútiles e innobles como los recortes en el sistema de salud, solo denotan la incapacidad de un gobierno para solucionar de los problemas del país; esta lamentable decisión que quiebra con derechos constitucionales, contrastan con los miles de millones de euros en ayudas que se le está dando a la banca privada que de manera irresponsable manejó sus negocios con la anuencia del banco de España constituyéndose así como los verdaderos artífices de la crisis Española y no los extranjeros.
La tolerancia, la comprensión y la solidaridad destacan en una civilización que se estime desarrollada, lo contrario son manifestaciones de un importante salto atrás que no admite medias tintas, y, parece ser, que la crisis económica no solamente se va cargar el estado de bienestar sino que nos va hacer retroceder en todo lo que se ha ganado en respeto a los derechos humanos y los logros de una sociedad civilizada.

Es verdaderamente lamentable que la crisis económica le estalle en la cara a quienes menos responsabilidad tienen en ella; Impedir el acceso a la sanidad a los extranjeros sin papeles, lo que incluye a hombres, mujeres y niños con el argumento de los recortes en el sistema sanitario, es de todo punto de vista despreciable.
No existe un solo argumento que pueda justificar semejante disparate y los razonamientos que nos ofrece el ejecutivo y demás funcionarios públicos como también muchos Alcaldes de varios municipios a nivel nacional pertenecientes a diferentes partidos políticos, son manifestaciones inaceptables que abren la caja de pandora del racismo y la xenofobia.
Leer en la prensa que en ciertos municipios se pretende poner policía en los centros de salud para “evitar problemas con los inmigrantes” que acudan a pedir asistencia sanitaria, es del todo una monstruosidad que solo llena de satisfacción el ego retorcido del que lo pretende implementar pero que de ninguna manera recoge el sentimiento de la mayoría de los Españoles.
No existe justificación económica alguna para negarle a los extranjeros que viven en España sin papeles el derecho al cuidado de su salud y la de sus hijos; ese derecho no es un mero capricho ni una concesión graciosa de la administración, sino que por el contrario, es un derecho con rango constitucional que si el ejecutivo pretende desconocer o reducir, deberá modificar la constitución; pero negar la asistencia sanitaria con justificaciones tan pueriles, fútiles e innobles como los recortes en el sistema de salud, solo denotan la incapacidad de un gobierno para solucionar de los problemas del país; esta lamentable decisión que quiebra con derechos constitucionales, contrastan con los miles de millones de euros en ayudas que se le está dando a la banca privada que de manera irresponsable manejó sus negocios con la anuencia del banco de España constituyéndose así como los verdaderos artífices de la crisis Española y no los extranjeros.
La tolerancia, la comprensión y la solidaridad destacan en una civilización que se estime desarrollada, lo contrario son manifestaciones de un importante salto atrás que no admite medias tintas, y, parece ser, que la crisis económica no solamente se va cargar el estado de bienestar sino que nos va hacer retroceder en todo lo que se ha ganado en respeto a los derechos humanos y los logros de una sociedad civilizada.

Es preocupante la reforma que se plantea el nuevo gobierno respecto a la Ley de Extranjería y su Reglamento, asunto este que afectará gravemente los derechos e intereses de las extranjeros en España; así tenemos que la propuesta de reforma que será presentada en el Congreso de los Diputados pretende eliminar la posibilidad de que un extranjero pueda regularizar su situación en nuestro país por aplicación de la figura del llamado arraigo social o lo que es lo mismo por circunstancias excepcionales. Esta decisión sin precedentes, afectará a casi un millón de personas y sus efectos serán incluso extensibles a los que ya tienen regularizada su estancia en nuestro país, y ello, por que se pretende que los contratos de trabajos que presenten unos y otros, bien para renovar o bien para el trámite de regularización, venga con el visto bueno de la Oficina nacional de Empleo que en su intervención procurará que la plaza que se ofrezca sea preferentemente ocupada por alguien que esté en el paro desplazando así al extranjero de tener esa oportunidad.
Está claro que la reforma de la Ley lo que pretende es hacer uso de todos los mecanismos disponibles para asfixiar a los extranjeros cerrándoles todas las vías posibles para su regularización alejándolos de la posibilidad de llevar una vida digna como ser humano con sus familias.
Esta lamentable decisión se toma después de haber digerido el trago amargo de que la España Saudita se terminó y en consecuencia el país ya no se puede dar el lujo de despachar cientos de vuelos mensuales cargados con ciudadanos extranjeros rumbo a sus países de origen, pues el coste de esa operación al día de hoy es inasumible y el país simplemente tiene otras prioridades presupuestarias. La realidad de esta situación la vemos en los CIE en donde cada día son más los extranjeros a los que les dan la libertad con una multa debajo del brazo pasados los 60 días del internamiento cautelar, pues ya no es posible asumir su mantenimiento y mucho menos su expulsión.
La verdad que la creatividad de los funcionarios de turno que de alguna manera tienen que ver con esta materia es sin límite cuando de causar daño se trata, lástima que la misma no la utilizaran para resolver asuntos de la economía del país, de la industria ni en los demás sectores a los que les niegan de manera sistemática sus habilidades, pues estando claros de que no se puede asumir el coste de la expulsión de los “sin papeles”, han diseñado la vía de la asfixia legal, económica, cultural y próximanente la sanitaria como mecanismo de represión, agotándolos para ver si tienen la suerte de que por sus propios medios abandonen España sin pasar por caja.